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 La Agencia Tributaria ha publicado las directrices generales del Plan de Control Tributario 2013 cuyas prioridades serán las siguientes:

  • Control de pagos en efectivo. Mediante el análisis de las denuncias que se reciban sobre el incumplimiento de la limitación de pagos en efectivo a 2.500 euros y de las transacciones respecto de las que no pueda determinarse el medio de pago utilizado. Se hará un especial seguimiento de los movimientos de efectivo en aduanas para detectar cantidades que superen el límite autorizado.
  •  Limitación del régimen de módulos. Se comprobará la evolución de los contribuyentes que quedan excluidos del régimen de estimación objetiva a partir de la entrada en vigor de la ley antifraude en especial se hará un seguimiento de los empresarios que facturen a otros empresarios una parte significativa de sus operaciones
  • Nueva información sobre bienes y cuentas en el extranjero.Se comprobará la situación tributaria de contribuyentes que, no habiendo presentado la nueva declaración informativa, ofrezcan indicios de operaciones con el extranjero que permitan presumir la existencia de bienes y derechos ocultos fuera de nuestras fronteras.
  • Aplicación de la inversión del sujeto pasivo en el IVA para la entrega de inmuebles y para subcontratistas.Persecución de tramas organizadas que pretenden devoluciones de IVA mediante la transmisión de inmuebles sin contenido económico real. En las nuevas operaciones, se vigilará el cumplimiento efectivo de la regla de inversión del sujeto pasivo, tanto en las entregas de inmuebles como en el ámbito de los subcontratistas.
  • Impulso a las medidas cautelares para evitar vaciamientos patrimoniales.Se investigará el patrimonio de los imputados para detectar conductas de vaciamiento patrimonial o insolvencias punibles. Además, se potenciará la adopción de acuerdos de prohibición de disponer de inmuebles de una sociedad cuando se hayan embargado acciones del deudor.
  • Derivaciones de responsabilidad.Se enfatizarán las actuaciones tendentes a la aplicación de los supuestos de levantamiento del velo, administradores de hecho y responsables solidarios por ocultación de bienes.
  • Actuaciones fraudulentas en el ámbito concursal.Se procederá a la inadmisión inmediata de las solicitudes de aplazamiento de deudas que sean consideradas créditos contra la masa (posteriores a la fecha de declaración del concurso) y se vigilará la necesaria declaración separada de las cuotas de IVA devengadas antes y después de la fecha del concurso, así como la total compensación de los saldos pendientes antes de dicha fecha.
  • Control de la fiscalidad internacional. Puesta en marcha de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI), que prestará especial atención a la tributación de grupos empresariales multinacionales y la comprobación de precios de transferencia. También en el ámbito internacional, serán objeto de atención preferente las personas o entidades que localizan de manera ficticia su residencia fiscal en otros países. Se prestará también especial interés a las operaciones que se realicen con territorios o países que han dejado de figurar en la lista de paraísos fiscales por haber firmado los correspondientes convenios o acuerdos. Al respecto, la Agencia Tributaria practicará requerimientos de información selectivos con objeto de evaluar el grado de efectividad de los acuerdos de intercambio de datos de alcance tributario suscritos con dichos territorios y, si fuera necesario, denunciar su incumplimiento.
  • Lucha contra la economía sumergida:Presencia de los órganos de control en la calle para efectuar controles masivos y actuaciones de captación de información presenciales sobre actividades económicas abiertas al público, recintos aduaneros y establecimientos autorizados. Continuarán las actuaciones presenciales dirigidas a la detección de alquileres no declarados y se ampliarán los controles sobre sectores y actividades más susceptibles de ocultar actividad opaca, al tiempo que se mantiene la persecución del empleo de facturas falsas. Además, se reforzará la presencia efectiva de los órganos de recaudación en locales en propiedad de deudores bajo ciertos supuestos, como la posibilidad de que hayan incumplido diligencias de embargo con una trascendencia recaudatoria relevante. De igual forma, se intensificarán los embargos de pagos realizados por terceros al deudor mediante tarjeta de crédito.
  • El comercio ‘on line’ como plan de futuro.La Agencia Tributaria comenzará a catalogar las principales operativas de gestión de negocio asociadas a actividades realizadas exclusivamente a través de la red. Se trata de determinar patrones de riesgo fiscal que deban ser objeto de control y de obtener información sobre la actividad económica de los contribuyentes en la red, contrastando las características de los servicios ofertados a través de páginas web con el perfil tributario de los contribuyentes de acuerdo con la información disponible en las bases de datos de la Agencia. También se investigarán distintas vías de obtención de información sobre los medios de pago empleados en la red.
  • Planificación agresiva y comprobaciónSe reforzará la comprobación de la deducibilidad de gastos financieros, particularmente intragrupo, se fomentará la comprobación conjunta de grupos familiares y sociedades en que participan para impedir trasvases fraudulentos de rentas entre unos y otros, y se incrementarán un 25% las actuaciones sobre profesionales, para descubrir ingresos no declarados y gastos ficticios. También será objeto de atención prioritaria el correcto cálculo e ingreso de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades determinado por el método de la base imponible del año en curso (el que deben utilizar las grandes empresas). Analizará si los contribuyentes que se han acogido a procesos de regularización voluntaria de su situación tributaria, ya sean estos ordinarios o extraordinarios, se han ajustado a la finalidad prevista en la normativa reguladora de dichos procesos. Asimismo, la información obtenida en estos procesos será cedida a las CCAA cuando resulte de interés para la gestión de los tributos respecto de los que sean competentes.

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